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¡A desprivatizar la salud de los colombianos!

La pandemia del covid-19 ha puesto de relieve, como nunca, el fracaso del sistema de salud basado en el aseguramiento privado, creado por la Ley 100. Desde antes de la emergencia el país ya vivía el drama de las salas de urgencias colapsadas; del paseo de la muerte; de la negación de servicios, procedimientos y medicinas; de la quiebra de la red pública, y de la generalización de los contratos basura y el retraso en el pago de salarios al personal de la salud, todo ello porque para las EPS e IPS lo principal es la rentabilidad del negocio y no salvar vidas o aliviar los padecimientos de las personas. 

Lo primero que quedó al descubierto es que el país no tiene un sistema de prevención que permita actuar frente a epidemias o pandemias, porque con la Ley 100 el que tenía el Instituto Nacional de Salud fue desmantelado. Al funcionar bajo las leyes del mercado la prestación de los servicios de salud se concentró allí donde era más rentable y dejó en el abandono a los departamentos pobres y a las zonas apartadas que han tenido que enfrentar la pandemia con centros de atención de baja complejidad, en donde no hay, o son muy pocos, los especialistas y las unidades de cuidados intensivos UCI. Pero estas también son insuficientes en todas partes porque normalmente más del 50 % se encuentran ocupadas por pacientes que padecen enfermedades diferentes al covid-19 y, además, solo el 10 % de las UCI tienen infraestructura biosegura y menos del 2 % cuentan con presión negativa, condiciones necesarias para atender pacientes como los infectados por el coronavirus. A medida que el país pone en funcionamiento más UCI, ha aparecido una realidad aún más grave: no hay personal preparado suficiente para atenderlas, en cuyo caso da lo mismo que no tenerlas. Otro gran problema es que desde que apareció el primer caso del virus en Colombia el país mostró su gran incapacidad para la práctica de pruebas, y aún después de cuatro meses, las que se hacen son insuficientes y sus resultados se entregan varios días después, por lo que el número de contagios está siempre subvalorado. 

Las medidas de aislamiento social y las cuarentenas, así se llamen inteligentes, son inocuas por la decisión del gobierno de abrir cada vez más sectores a la actividad económica, con lo cual los sistemas de transporte masivo han seguido operando; además, porque las empresas han despedido a millones de trabajadores, les han suspendido los contratos o enviado a licencias no remuneradas; por medidas irresponsables como el día sin IVA, y por la existencia de un sector informal que es cerca del 60 % de la población al que no llegan las limosnas oficiales y se ve obligado a salir a buscar su subsistencia. La cuarentena es una mentira si millones de personas padecen hambre por carecer de un mínimo vital, derecho que debe ser garantizado por el Estado. 

En el Plan de Desarrollo se aprobó el acuerdo de punto final mediante el cual se pagarán las deudas que las EPS tienen con las IPS, acudiendo a endeudamiento público, es decir, se le cargarán al pueblo. Con la pandemia las EPS también aprovecharon para suspender consultas y procedimientos, cuando no fueron los mismos pacientes quienes lo hicieron asustados de que los hospitales fueran focos de contagio, de tal manera que las aseguradoras terminaron quedándose con los dineros de las Unidades de Pago por Capitación, UPC, sin incurrir en mayores gastos. Igualmente, se ha gestado un nuevo saqueo a los recursos de la salud de esos que se volvieron recurrentes en el país. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el gobierno afirmó que durante la emergencia ha destinado $7,1 billones de pesos para la atención en salud, pero “las resoluciones oficiales muestran transferencias de apenas $0,94 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud”. 

En contraste, las patéticas imágenes del personal médico y paramédico usando improvisados trajes de protección hechos con bolsas de basura y los plantones en los que exigen dotaciones de bioseguridad, salarios y condiciones laborales dignas, sacaron a la luz las aberrantes condiciones en las que se debaten, al tiempo que el gobierno, con descarada hipocresía, los exalta como héroes de la primera línea de lucha contra el virus. Sin los elementos de protección, que no proporcionan ni el Estado, ni las ARL o EPS, suman ya decenas de víctimas y son Sometidos a acoso laboral o constricción de su ejercicio médico, obligados a acogerse a los lineamientos oficiales y a los de las aseguradoras o IPS, lo cual los expone a ser estigmatizados y muchas veces agredidos. Se han denunciado despidos sistemáticos cuando se rechazan estas políticas o cuando no se acepta la reducción hasta de un 30% de sus precarias remuneraciones. 

Ahora el proyecto de ley 334 que favorece los intereses EPS e IPS, se convierte en un adefesio pues continúa propiciando la tercerización. El proyecto de marras, al cual llamaron “dignificación del talento humano en salud”, fue rechazado en audiencia con los ponentes por 54 organizaciones que representan a los trabajadores del sector quienes rechazan las Ordenes de Prestación de Servicios, las Cooperativas de Trabajo y los contratos sindicales y exigen sin ambages contratos directos y a término indefinido, así como un régimen especial por el riesgo social que representa su labor y un escalafón salarial que garantice el trabajo digno y que compense la inversión que se realiza para la formación, además de apoyo e incentivos para los trabajadores independientes. 

Cualquier negociación con el gobierno nacional sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la salud debe hacerse con todas sus organizaciones representativas y no solo con las centrales tradicionales y tampoco puede convertirse en otro escenario de concertación fallido o contrario a sus intereses. 

Consideramos que la unidad, la organización y la lucha son los caminos posibles para derrotar todas las políticas que privatizan la salud o las que buscan profundizarla. El COVID-19, ha puesto al orden del día la necesidad de una política de salud pública sin la intermediación del aseguramiento privado y que garantice los recursos suficientes para que ningún colombiano carezca del derecho efectivo a la salud, es decir, medicina general y especializada, odontología, cirugía, hospitalización y medicamentos, tal como lo consigna el programa de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular. Por ello, rechazamos enfáticamente el proyecto de ley 010 que pretende reglamentar la ley estatutaria y cuyo único propósito es fortalecer el aseguramiento de las EPS cambiándoles de nombre por el de Aseguradoras en Salud, AS. 

Dentro de esta lucha se enmarca la defensa del Hospital San Juan de Dios por su recuperación y contra los planes que buscan demoler su torre central. El hospital fue pionero en varios campos de la ciencia médica en Colombia y el centro de formación de varias generaciones de estudiantes de medicina. Este icónico complejo hospitalario se convirtió en una de las primeras víctimas de la Ley 100 y se le condenó al abandono. Aunque ya se han adelantado acciones jurídicas para que se respete la ley 735 de 2002 que decreta el San Juan de Dios como monumento nacional y como Hospital Universitario, se requiere inscribir su defensa dentro de la movilización nacional por poner fin al sistema de salud de la Ley 100 y por un sistema estatal que elimine la intermediación de las EPS y que garantice la prevención y la atención de la enfermedad a todos los colombianos. 

¡Plantón en Defensa del Hospital San Juan de Dios y en solidaridad con los trabajadores de la salud, jueves 13 de agosto de 2020 a partir de las 8 horas! 

¡Contratos directos y a término indefinido para todos los trabajadores de la salud! 

Por la derogatoria de la Ley 100 ¡No más EPS! ¡No más ARL! 

¡Por pan, salud, trabajo, techo, educación, pensión y servicios públicos para todos!

11 de agosto de 2020

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

Descargar en .pdf este comunicado sobre la desprivatización de la salud 

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