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Abajo la manguala dictatorial de Duque y los alcaldes para prohibir y penalizar la protesta popular

El gobierno nacional mediante el decreto 990 del 9 de julio pasado amplió el aislamiento obligatorio hasta el 1 de agosto. No obstante, mediante la misma norma, facultó a alcaldes y gobernadores para permitir la circulación de las personas relacionadas con casi medio centenar de actividades económicas —las cuales vienen abriendo una tras otra—, que cubren desde la construcción y ramas relacionadas, las finanzas, toda la industria manufacturera, la infraestructura, educación, diversos servicios administrativos, transporte de todas las modalidades, actividades agroindustriales, sean o no de primera necesidad, comercio, puertos, por lo que las mayores ciudades del país se están viendo nuevamente atiborradas, las estaciones y vehículos de los servicios masivos de transporte colmados a reventar, haciéndose imposible en ellos mantener las normas de “aislamiento social”. 

Es así como, en el citado decreto también se reitera que en ningún caso se podrán permitir eventos públicos que impliquen aglomeración de personas. Un contrasentido: el régimen, so pretexto de la pandemia, prohíbe que la población se reúna a desarrollar actividades públicas o privadas, pero, simultáneamente, provocó la acelerada expansión de la infección dizque para “salvar la economía”, lo que se refleja en el hecho dramático de que la utilización del las Unidades de Cuidados Intensivos se acerca ya al 100 % por lo que, pronto, como lo han advertido la mayoría de las agremiaciones médicas, los profesionales de la salud se verán ante la penosa situación de tener que decidir a quién se le proporcionan las máquinas de las que depende la vida, es decir, de escoger quién vive y quién muere, haciéndolos aparecer como los culpables de la muerte.

En el conjunto de las normas impuestas desde la pandemia y, sobre todo, en los últimos decretos, queda claro que se activaron todos los dispositivos de la represión oficial, del terrorismo de Estado, la penalización de la protesta y la manguala con el paramilitarismo.  No cabe duda, entonces, que el decreto, adobado con la amenaza de aplicar el artículo 368 del Código Penal a quien lo infrinja, es decir, penas de entre cuatro y ocho años de prisión y onerosas multas persigue, en lo fundamental, prohibir las manifestaciones públicas de protesta que vienen creciendo en todo el país frente a la indolencia del gobierno y por su complicidad con las arbitrariedades de los patrones que despiden a millones de personas, rebajan los salarios, violan las convenciones colectivas, desconocen los mínimos de ley, al tiempo que los informales y pequeños negocios se hunden en la ruina,  la corrupción de los que manejan los dineros de la emergencia se desborda y el hambre, la enfermedad y la muerte aniquilan a los desposeídos.

En concordancia con este decreto y varios más expedidos anteriormente, los alcaldes de las principales ciudades están tomando medidas orientadas en lo fundamental a limitar los derechos a la movilización y a la protesta, a la vez que, siguiendo al Ejecutivo nacional, abren más y más sectores económicos y por ende generan enormes aglomeraciones. La “progresista” alcaldesa de Bogotá, tan adepta de los negociantes como del Esmad, expidió el Decreto 169 del 12 de julio en el que en el artículo 7 expresamente restringe cualquier tipo de manifestación pública y amenaza con disolverlas violentamente. Para la funcionaria verde unos manifestantes guardando las distancias y respetando las medidas de bioseguridad y voceando la inconformidad, como viene sucediendo en los dos últimos meses en la capital, resultan más peligrosos que cientos de miles de personas atestadas en las estaciones de Transmilenio y en los articulados del sistema. No cabe duda: de lo que se trata, es de constreñir, de reprimir la expresión de los insumisos.

Curiosamente, para darles piso legal a estas limitaciones, los decretos del gobierno nacional y de los alcaldes están llenos de normas de vieja data sobre las obligaciones de las autoridades y de los ciudadanos en épocas de catástrofes, tal como lo es una pandemia; sin embargo, dicha normatividad no fue usada para preparar o fortalecer realmente al sistema de salud ante tales previsibles emergencias y, hoy, ante su colapso y la inminente mortandad, lo único que se les ocurre a los gobernantes que aparecen como de derecha y de izquierda, es reprimir la insubordinación de una ciudadanía hastiada de su indolencia y su corrupción y sometida a padecer, sin chistar, el hambre. La Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular, CNSSP, llama al pueblo colombiano a exigir que el gobierno cubra las necesidades básicas de la población desamparada; a luchar contra los despidos y demás arbitrariedades patronales. A quienes el Estado y los patrones obligan a trabajar sin que se les dote de las suficientes condiciones de bioseguridad en el transporte y puestos de labor, los llamamos a declarar el paro y a prepararlo. Llamamos a no permitir que se acalle la protesta por parte de quienes son los principales responsables de la acelerada propagación del Covid-19, a causa de su servilismo ante el afán de lucro de banqueros y demás capitalistas. Llamamos a la solidaridad y a la defensa de la vida. 

¡A las calles por trabajo, pan, techo, salud, educación, pensiones y servicios públicos para todos! 

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

Descargar en .pdf este comunicado sobre los decretos en contra de las protestas

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