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¡Basta ya de violencia contra los jóvenes del pueblo!

El país debe reaccionar indignado frente a la atrocidad que estamos viviendo. En menos de ocho días fueron asesinados brutalmente 17 jóvenes en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.

El sábado 8 de agosto, el niño Cristian Felipe Caicedo, de 12 años y Maicol Ibarra, de 17 fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas cuando se dirigían a entregar unas tareas al Colegio San Gerardo, en el municipio de Leiva, Nariño, en límites con el departamento del Cauca. Tres días después, el 11 de agosto, el país se estremeció ante el asesinato de cinco niños de familias negras y humildes ocurrido en el barrio Llano Verde, de la ciudad de Cali. Juan Manuel Montaño de 15 años, Jair Andrés Cortez de 14, Jean Paul Perlaza de 15, Leyder Cárdenas de 15 y Álvaro José Caicedo de 14 años, fueron encontrados degollados y con signos de tortura en un cañaduzal. En la noche del 13 de agosto, cuando se velaba a los cinco menores estalló un artefacto explosivo cerca al CAI del lugar lo cual causó la muerte del conductor Hamer Díaz Hernández y dejó heridas a otras 15 personas. Posteriormente, en la mañana del 16 de agosto fue asesinada en Samaniego, Nariño, la joven de 26 años Yésica Zúñiga Jaramillo y ese día, en el mismo municipio, en horas de la noche fueron masacrados a tiros cuando departían en una casa de campo Óscar Andrés Obando, Laura Michel Melo y Elian Benavides, los tres de 19 años, Daniel Vargas, de 22 años, Byron Patiño, Rubén Darío Ibarra y Jhon Sebastián Quintero, los tres de 24 años y Brayan Alexis Cuarán, de 25 años. Esta orgía criminal continuó el 18 de agosto con el asesinato de tres jóvenes indígenas de la comunidad Awá, pertenecientes a la organización Camawari y al resguardo Pialambí Pueblo Viejo, en el municipio de Ricaurte, Nariño.

En la matanza de Llano Verde las familias de los cinco adolescentes han denunciado la participación de la policía del lugar. En Leiva, Samaniego y Ricaurte sus habitantes padecen el enfrentamiento de grupos armados por el control de un territorio en el que hay producción y tráfico de estupefacientes. Algunos vídeos macabros que circulan en las redes sociales dan muestra del nivel de degradación de ese conflicto. Algo similar sucede en el Catatumbo y en otras regiones del país, en donde se ha comprobado la complicidad y en muchos casos la participación directa de las fuerzas armadas, como sucedió en el caso del excombatiente de las FARC Dimar Torres o en la violación por siete militares de una niña de la comunidad embera.

El pueblo no cree en el resultado de las “investigaciones exhaustivas” ni en las acciones de un régimen que practica un verdadero terrorismo de estado; que carga con la culpa de los falsos positivos y el bombardeo en el que murieron ocho niños en el Caquetá, y cuya Ministra del Interior asegura con cinismo que en Colombia mueren más personas por robo de celulares que líderes sociales, cuando los asesinatos de estos ya suman 185 en lo corrido de 2020.

¿Hasta cuándo permitiremos que semejante barbarie continúe segando la vida de nuestros niños, jóvenes y líderes sociales? El pasado 19 de agosto Cali salió masivamente a las calles desafiando la pandemia y dijo ¡Basta ya! La Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular hace un llamado a seguir este ejemplo y a que acordemos preparar una gran jornada nacional para que se ponga fin a este desangre. Para empezar, participemos con decisión en las actividades programadas en varias ciudades este 21 de agosto.

Agosto 20 de 2020

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

Descargar en .pdf este pronunciamiento sobre el rechazo a los asesinatos de jóvenes y líderes populares

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