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Declaración de la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular sobre la llamada Cumbre Social y Política por la Renta Básica Ya

El pasado 24 de febrero el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y dos asociaciones de pensionados, expidió un comunicado en el que convoca para el 11 y 12 marzo a una Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente Ya. De este llamado también participan unos 50 parlamentarios y un conjunto de personas y organizaciones que le enviaron una carta al presidente Duque el pasado 28 de enero. Según el llamamiento, el propósito de la “cumbre” es “discutir una propuesta de articulado con miras a radicar un proyecto de ley como una de las alternativas que posibiliten la reactivación económica y una respuesta a la profunda crisis social que atraviesa la ciudadanía”. Agregan, que esa propuesta se ha abierto paso como “una alternativa viable para hacer frente al problema de la pobreza y la falta de ingresos para un sector muy amplio de la población”. Señalan, además, que las líneas generales del proyecto de ley están contenidas en la citada carta al presidente y que próximamente se organizará un “evento masivo de radicación”, y se trazará “una agenda de movilización durante todo el proceso de trámite legislativo”. Finalmente, llaman a sus seccionales a hacer reuniones pedagógicas en las que también se traten “otros temas de importancia (…) como la reforma tributaria y otras agendas públicas”.

La Coordinadora Nacional Sindical Social Popular, CNSSP, incluyó en el orden del día de su plenaria del 6 de febrero la discusión de la carta del 28 de enero. Del debate se concluyó que, el contenido mismo de la reivindicación, los montos, las fuentes de financiación y el procedimiento escogido conducían a entrampar a las masas, a apuntalar las nefastas políticas anunciadas por el gobierno, y a servirle a candidatos de todos los pelajes, embebidos en los comicios de 2022, como anzuelo para pescar votos.

Además, la carta, que hace un repaso de las intentonas por aprobar el proyecto en el Congreso, pone en evidencia que sus verdaderos artífices son los parlamentarios en trance de reelección; y se explaya en las supuestas bondades de la iniciativa; dizque “responde al derecho de cada persona en Colombia de vivir con dignidad”; que es de la esencia misma del “Estado Social de Derecho”; que —con el fin de lograr la anuencia de los mandamases— “contribuye a resolver la urgencia de darle liquidez al mercado y de ampliar la demanda de bienes y servicios para contribuir a que sea viable la reactivación económica”. También le advierten al mandatario uribista que no es solo un “deber político del Estado” sino una “obligación ética” apoyar el proyecto. Hasta le piden que proceda por decreto. En cuanto a la forma de lograr las cifras del subsidio, para no afectar mucho al fisco, plantean unificar todos los paupérrimos programas de “alivio a la pobreza” como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y agregarles unos dinerillos, así:

Como puede verse, es más la palabrería que las sumas que están dispuestos a exigirle al régimen. Su comedida petición apenas llega a la cifra a la que se cotizan los votos en el libre mercado electoral de cada cuatro años, y declina en la medida que crece el número de integrantes de los hogares hasta convertirse en un pírrico auxilio bien por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Por lo demás, la esencia de este tipo de transferencias es servir de “estabilizadores” económicos y sociales fundados en la terrible miseria a la que los explotadores someten a las mayorías; de ahí que sean parte integral de todos los planes draconianos de ajuste que les imponen los organismos multilaterales a las naciones subyugadas y de las recomendaciones de la OIT. El FMI, en la declaración del pasado 12 de febrero, al término de su misión en Colombia, lo confirma: “Con respecto a la protección social se podrían extender programas de transferencia exitosos focalizados en los hogares en situación de pobreza.”

Para peor, los organizadores de la “cumbre” terminan por coincidir con el inquilino de la Casa de Nariño sobre el origen de los fondos para financiar la renta: “recursos públicos disponibles en el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria, que es inaplazable como Usted (sic) mismo lo ha advertido y que damos por descontado (sic), y que debiera estar dirigida a gravar la altas rentas y los altos patrimonios, sin afectar a las clases medias y de bajos ingresos, así como a desmontar los beneficios que lastran de manera injusta el sistema tributario.”

Con esto, los parlamentarios alternativos y sus aliados liberales, de la U, de Cambio Radical, etc., y la jefatura de las centrales sindicales bendicen el raponazo que, para constituir el Fome, les hizo el gobierno a los ahorros pensionales de los trabajadores de las regiones, consignados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y a ingentes sumas de las regalías, acopiadas en Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE.

Pero eso no es todo, también se suman a la “reordenación” del gasto, política cuyos lineamientos estableció el gobierno de Santos en su reforma tributaria de 2016 (Ley 1819), por medio de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, cuyo informe final planteó, en aras de la “sostenibilidad fiscal”, una serie de reformas, como abolir los regímenes especiales de pensiones supérstites, principalmente el del magisterio, y, so pretexto de la “focalización”, también impuesta por los organismos multilaterales, suprimir subsidios en salud, educación o servicios públicos a más de seis millones de familias. Ya el ministro de Hacienda, en la presentación del Plan Financiero 2021, anunció que se está preparando un decreto de austeridad, y que a partir de 2022 deberán hacerse ajustes anuales, entre ingresos y gastos, por 1,5 puntos porcentuales del PIB, unos 15 billones de pesos.

Y para completar, avalan la reforma tributaria que dan “por descontada”, y se cubren advirtiendo que esta debe gravar los patrimonios y las rentas altas y desmontar el lastre de los beneficios tributarios. Precisamente, y casi con las mismas palabras, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, las calificadoras de riesgo, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, Fedesarrollo y el propio gobierno, entre otros, impulsan la reforma orientada a ampliar la base de asalariados, pensionados e independientes sujetos al impuesto de renta, y a desmontar las exenciones del IVA. Con relación a estas últimas, los documentos aportados por el Ministerio de Hacienda y la Dian, bajo supervisión de la OCDE, a la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios señalan que, dentro de dichos beneficios, que acarrean un costo fiscal (impuestos dejados de percibir) de $92,5 billones de pesos, las exenciones y exclusiones del IVA, más los bienes y servicios gravados “solo” al 5 % suman $75 billones, más de 81 % del costo fiscal. De ahí que el pilar de la reforma tributaria en cierne es imponerle IVA a la canasta familiar: a los alimentos, los arriendos, los servicios públicos, las consultas médicas, medicamentos y exámenes diagnósticos, las matrículas, libros y útiles escolares. Todo con el objetivo de mantener y ampliar las exoneraciones a los monopolios, pero, a la vez, recaudar lo suficiente para, junto con el apretón fiscal, satisfacer una de las más importantes funciones del Estado Social de Derecho: garantizar el pago cumplido del principal y los intereses de la deuda. Es esta y no otra la reforma tributaria que aprobaría la mayoría del Congreso, incluida buena parte de los citantes a la cumbre social y política.

El aspecto más repudiable de la propuesta es su inocultable propósito electorero. Según el propio Comando Unitario, la cumbre es para presentar el articulado de un proyecto de ley, a esta le seguirán un evento masivo de radicación y una agenda de movilización durante el trámite legislativo. Así, de lo que se trata es de arrastrar a las gentes durante meses a cada debate de cada comisión, a cada audiencia pública, a los discursos de cada manzanillo, a los regateos por limosnas que no palian el hambre de nadie, y que lejos de dignificarlas, como pregonan sus promotores, lo que tiende es a envilecerlas como carne de urna; a la vez que se las desvía de combatir la andanada oficial.

Casi que sobra decir que en los citados documentos por la renta básica ni por asomo se menciona la urgencia de desarrollar la más vasta unidad contra el redivivo “paquetazo” que, aparte de la escalada impositiva, comprende una enorme reducción del gasto y la inversión social, incluida la supresión de los subsidios mediante el llamado Sisbén IV, y cambios nefastos a la legislación laboral y pensional. Mucho menos se llama a las masas a luchar por la nacionalización de la banca, contra el pago de la deuda pública, cuyo oneroso servicio absorbe este año un cuarto del presupuesto —recursos con los que podría dárseles solución a muchas de las dolencias del pueblo—, por la desprivatización de los sectores estratégicos de la economía; por la abolición de las AFP y las EPS, contra las imposiciones del FMI, la OCDE y demás organismos multilaterales, por trabajo, salud, educación, techo, pensión, servicios públicos para todos, para solo mencionar unas pocas banderas cruciales que es necesario agitar permanentemente con el objeto de imprimirle unas miras de mayor alcance a la lucha popular. En lo que tiene que ver con la llamada renta básica, la CNSSP inscribió en su programa la lucha por “empleo para todos o mínimo vital pagado por el gobierno a todos los desempleados”, consigna que le da prioridad a la más sentida exigencia del pueblo, cual es la de tener trabajo, y que, en segundo lugar, exige un estipendio, a cargo del estado, que de verdad cubra las necesidades básicas de los desempleados.

En fin, esta “cumbre” se constituye en otro paso de las políticas de concertación y apaciguamiento y de supeditar el movimiento a los apetitos electorales de unos cuantos, políticas que han contribuido al escepticismo y al consecuente reflujo de la pelea, y que las cúpulas de las centrales y sus mentores políticos han profundizado desde el gran paro nacional del 21 de noviembre de 2019.

La Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular urge a las bases y dirigentes medios de la centrales sindicales a ponerse en pie de lucha contra la hambreadora reforma tributaria de Duque; contra el decreto 1174; contra las nuevas propuestas de reforma laboral y pensional, contra la eliminación de los subsidios y el recorte del gasto social; a desarrollar una política unitaria de vastas dimensiones en la que quepan todos los que quieran luchar y cuyo principal requisito consista en no subsumir los intereses generales en los de ningún grupo, partido o candidato.

En el ambiente se palpa que está creciendo la indignación frente a la reforma tributaria. A las clases dominantes les infunde pavor la posibilidad de que se reanime el paro nacional; no dejemos que se evapore, por ir tras de unas migajas, la oportunidad de dar al traste con la intentona del régimen. Démonos cita en un gran encuentro nacional de emergencia, que proponemos se lleve a cabo los días 27 y 28 de marzo,

¡Abajo la reforma tributaria y fiscal!

¡Abajo la imposición del IVA a la canasta familiar!

¡Abajo el alza de los impuestos a los asalariados y pensionados!

¡Abajo la reforma laboral del decreto 1174!

¡Abajo el pago de la deuda a costa del hambre del pueblo!

¡No más concertación, basta de apaciguamiento!

¡Por pan, salud, trabajo, techo, pensión, educación y servicios públicos para todos!

¡Encuentro nacional sindical, social y popular de emergencia, 27 y 28 de marzo!

Bogotá, 10 de marzo de 2021

Descargar aquí la declaración sobre la cumbre por la Renta Básica.

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