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El llamado Comité Departamental de Paro debilita la lucha para entenderse con el gobierno

A Cali se la tomó el pueblo desde el 28 de abril. En más de 20 puntos estratégicos las masas han tenido el control y han conformado sus propios órganos de decisión. Sostener el paro ha costado sangre, sacrificios, asesinatos, torturas y desapariciones, entre otros crímenes oficiales. Pero no han podido doblegarlo. El ejemplo de resistencia de los caleños se ha extendido al resto del departamento y a todo el país. 

 Pero, lo que no ha logrado el régimen con la represión criminal, que no cede, ahora lo busca mediante el engaño. El gobierno nacional, representado por los mandos del Ejército y la Policía, junto a la Alcaldía, la Gobernación y los gremios han empezado a hacer propuestas como los llamados corredores humanitarios; permitir que se surtan algunas de las grandes cadenas de alimentos; que se establezca un plan de movilidad; que la población haga brigadas para barrer las calles y reconstruir estaciones del Mío, aduciendo que de estos daños es responsable la población; pero lo cierto es que el pueblo lo que ha hecho es defenderse de los ataques de las Fuerzas Armadas, y hay pruebas de que muchos de los actos endilgados a los protestantes los han iniciado agentes del estado vestidos de civil. Si se aceptan estas propuestas el paro llegaría de inmediato a su fin, con pena, pero sin gloria. 

 A esta conspiración de los mandamases se le ha sumado el llamado Comité Departamental de Paro, CDP, que ha brillado por su ausencia en prácticamente todas las jornadas, pero que ahora ha empezado a aparecer en algunos puntos con el fin de suplantar la organización y la lucha popular. 

 En reuniones de última hora incluida una en la Universidad del Valle, con mínima asistencia de representantes de los puntos de bloqueo y sin que nadie los haya facultado, decidió nombrar representantes a las conversaciones que está organizando Duque con los jefes de las centrales sindicales y demás integrantes del Comité Nacional de Paro, CNP. Estos personajes tienen una larga trayectoria de rendir las peleas de las masas. Ordenaron terminar el paro del 21 de noviembre de 2019, con el argumento de que su compromiso era que no durara sino un día. Ahora, repiten: el 28 de abril en la noche llamaron a suspender el paro dizque para “reiniciarlo” el 19 de mayo; y el 1 de mayo programaron un concierto virtual para que los trabajadores no salieran a luchar. 

 Para colmo, estos mismos señores del Comité Departamental de Paro, frente a los asesinatos, torturas y desapariciones lo único que se les ocurre es que los chafarotes “pidan perdón”, como si esa farsa resarciera a las víctimas. Frente a la derrota que sufrió el gobierno al verse obligado a retirar la reforma tributaria, piden “consensuar” otra. Hablan de pedir una irrisoria renta básica, propuesta que los jefes políticos del Comité Nacional de Paro ya le presentaron al Congreso, con el objetivo de hacer campaña electoral. Sostienen, como el gobierno, que para aprobar esa “renta” se necesita una reforma tributaria. Piden que Duque, a través del Consejo de Política Económica y Fiscal, Conpes, elabore un documento con fórmulas contra los males de la ciudad, cuando esta entidad es coautora de todas las reformas antipopulares. Finalmente, agregan la manida solicitud de crear unas “mesas”; un truco viejo mediante el cual entre estos personajes y el gobierno les ponen fin a los paros. En tales “mesas” abunda la palabrería, pero nunca hay soluciones para los afectados, para los que libraron la batalla. 

No se puede permitir que se cometa esta traición a la heroica lucha del pueblo vallecaucano y colombiano. Hay poderosas razones para convertir la lucha, iniciada el 28A, en un paro general indefinido, entre ellas: 

1) Exigir que sean juzgados los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, torturas y desapariciones de manifestantes y que las familias de las víctimas sean resarcidas. Que se disuelva el Esmad; que se desmilitarice el país, y que caigan el ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes del Ejército, Eduardo Zapateiro, y de la Policía, Jorge Luis Vargas.

2) Impedir que el gobierno, como se lo propone, presente otra reforma tributaria que enmascare la anterior, o una que proponga privatizar Ecopetrol, ISA y otras empresas públicas, y congelar los salarios y hacer una masacre laboral de trabajadores del Estado. 

3) Abolir la ley 2010 de 2019, que les concedió enormes reducciones de impuestos a las empresas, y eliminar todas las deducciones, exenciones, descuentos tributarios de los que se benefician, principalmente, las grandes compañías, todo lo cual le quita al estado un recaudo anual de alrededor de 20 billones de pesos. 

4) Exigir el retiro del Congreso del proyecto de ley 010, que empeora el sistema de salud, lo encarece y les entrega, aún más, los dineros públicos a las EPS, principalmente multinacionales, para que se lucren y se los roben. 

5) Que se derogue el decreto 1174, mediante el cual se estableció el trabajo por horas y se arrasan los derechos laborales establecidos en la ley. 

6) Que haya empleo para todos o un mínimo vital pagado por el gobierno a todos los desempleados.

7) Que cesen las masacres de jóvenes y líderes sociales y que no haya más impunidad de los cómplices o autores gubernamentales de estos delitos. 

8) Que se acelere el plan de vacunación masivo y gratuito contra el covid-19; que no se le entregue la inmunización a la empresa privada. 

El pueblo caleño, los miles y miles de jóvenes que no han cesado de luchar desde el 28 de abril no pueden permitir que sus objetivos de lucha los desvíen unos timadores, cuya misión consiste en sacarle las castañas del fuego al gobierno uribista. Que retumbe en todos los puntos: ¡el llamado Comité de Paro, no nos representa! 

¡Abajo el gobierno asesino de Duque! 

¡Abajo el ministro de defensa y la cúpula militar y policial! 

¡Abajo los apaciguadores de la lucha popular! 

¡Viva el paro general indefinido! 

Coordinadora Nacional, Sidical, Social y Popular – Valle del Cauca 

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