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La Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular rechaza la política oficial de despedir centenares de maestros de las zonas afectadas por el conflicto armado

El gobierno está llevando a cabo una verdadera masacre laboral de abnegados maestros, que por lustros han venido educando a los niños y jóvenes de las zonas más relegadas del país afectadas por décadas de guerra. Aunque el fenómeno se ha venido presentando desde hace alrededor de dos años, en los últimos meses se ha agudizado especialmente en el departamento de Norte de Santander en el cual, en este momento, unos 200 educadores de los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Convención, Teorama, Acarí y El Carmen, están al borde de ser despojados de sus puestos de trabajo. 

 En el trasfondo del problema está el hecho de que en el punto 1.3.2.2 del acuerdo final de paz, suscrito en noviembre de 2016 entre el estado y las Farc, el gobierno se comprometió a desarrollar un Plan Especial de Educación Rural que debía incluir “la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado”; aspecto que fue reglamentado mediante el decreto 882 de mayo de 2017 y algunas otras normas. En dicho decreto, entre otros aspectos, se estableció que por una sola vez se efectuaría un concurso para docentes y directivos docentes para llenar alrededor de 2.000 vacantes, y al que podría presentarse cualquier persona de cualquier parte del país que cumpliera los requisitos fijados, incluidos quienes venían ejerciendo la labor bajo el sistema de provisionalidad en esas regiones.

 Las características del concurso pusieron en enorme desventaja a los educadores que ya enseñaban, en medio de las circunstancias más adversas, en las regiones objeto del acuerdo. Los pésimos salarios, los incumplimientos de los pagos, lo inhóspito de las regiones, los avatares propios de la violencia, la ausencia de infraestructura de vías, la ínfima o ninguna presencia de los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, etc., se confabulaban contra la posibilidad de que los maestros, quienes ejercían su labor por la sola vocación de servir a las gentes de tan sufridos parajes, pudieran presentarse a procesos de actualización formal de sus conocimientos tanto pedagógicos como de las áreas específicas de la enseñanza. 

No obstante, el gobierno no tuvo en cuenta el enorme aporte de estos educadores, su demostrada capacidad para sacar de la ignorancia a miles de niños y jóvenes campesinos, su conocimiento de la idiosincrasia de las gentes de la región, y los puso a competir sin ninguna consideración con quienes no padecían sus mismas limitaciones. En esas condiciones la prueba estatal se convirtió intencionalmente en un arma para desarraigarlos de las zonas a las cuales les habían entregado su sacrificio y conocimientos y romper los vínculos que habían forjado con las comunidades. 

 La Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular, CNSSP, se une a la lucha que libra el Movimiento Comunal Catatumbo en defensa de los derechos de estos insustituibles profesores y de las comunidades a las que les han prestado sus servicios; rechaza tamaña arbitrariedad y le exige al gobierno que les respete la estabilidad laboral, que confirme su permanencia en el territorio, manteniendo, al menos, su condición de provisionalidad, como ellos lo están exigiendo; además, que se comprometa a concederles de manera gratuita —a la vez que continúan ejerciendo la docencia—, el acceso a las necesarias actualizaciones académicas y pedagógicas y a la obtención de los títulos que, al lado de su valiosa experiencia, les permitan cumplir los requisitos para ingresar a plenitud a la carrera docente.

 14 de enero de 2021

 Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular – CNSSP 

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